Compensaciones y caso Pollos: algo está fallando

Ana María Montoya

Ha ocurrido algo que quienes estamos interesados en la libre competencia en los mercados no podemos dejar pasar por alto.

Los invito a remontarse a 2014, cuando tres empresas productoras de pollo, que reunían más del 90% del mercado, fueron condenadas por colusión. A través de su asociación gremial, acordaron por más de una década proyectar la demanda futura de este producto y asignar cuotas de producción. Entonces, la multa estableció un límite de un 10% del volumen total de negocios del último año del cartel, monto que en la práctica era significativamente inferior a los beneficios económicos obtenidos.

Luego, y con el objetivo de que los consumidores pudieran verse compensados por el sobreprecio ocasionado, el Sernac interpuso una demanda colectiva (2015) en contra de las firmas, solicitando una compensación para los consumidores. Las estimaciones presentadas por el Sernac -considerando el consumo promedio per cápita de pollo- fueron que el mínimo daño económico experimentado por cada habitante que adquirió el producto entre los años 1994 y 2010 fue de 2,5 UF. Sin embargo, la demanda no prosperó por diversas razones jurídicas.

“Esta conciliación por la colusión entre las empresas productoras de pollo deja mucho que desear. ¿Va realmente en beneficio de los consumidores?”

En 2019, CONADECUS y FOJUCC interpusieron una demanda de indemnización de perjuicios en contra de las tres empresas involucradas. En diciembre del año pasado, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia aprobó un acuerdo conciliatorio entre los actores. La “compensación” que se acordó equivale a un 4% de lo solicitado por Conadecus, sin que el texto del acuerdo justifique la equivalencia de la solución. En este mismo proceso, el TDLC señaló que, al ser extremadamente difícil o costoso determinar los grupos de consumidores que podrían haberse visto afectados, aprobaba que dichos montos se destinaran a organizaciones sin fines de lucro. Y que debido a que el monto a pagar a cada potencial usuario era muy bajo, el de administración era muy alto.

A mi juicio, esta conciliación deja mucho que desear. Gran parte de la legitimidad del sistema recae en tener autoridades que han ejercido sus atribuciones para investigar y sancionar carteles. Pero también debe considerar la relevancia que tiene la compensación de los daños a los consumidores finales.

Este caso nos lleva a cuestionarnos, entonces, ¿a quién se debe compensar? ¿Están realmente alineados los incentivos de los consumidores con los de las asociaciones de consumidores? ¿Son las estimaciones utilizadas por estas asociaciones las más correctas y certeras? Con la información existente, da la impresión de que algo está fallando. Y que los errores deben corregirse, dada la necesidad imperiosa de que el sistema de la libre competencia sea legitimado por los consumidores.

Al igual que ocurrió con la compensación del tissue (bien de necesidad básica), es fácil suponer que gran parte de la población consume pollo, y con una estimación seria, en un cartel de tan larga data, son los consumidores quienes deben percibir cómo el trabajo de las autoridades define criterios para un sistema eficiente que compensa a quienes realmente han sufrido los perjuicios.